La marcha indígena avanza desde el norte del país hacia La Paz, cargando no solo demandas sino también una disputa abierta por el sentido de la Ley 157. En ese escenario, el Gobierno decidió mover ficha: ya no solo defiende la norma, ahora también busca a los responsables que detrás de la movilización.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció el inicio de una investigación contra las organizaciones no gubernamentales que operan en Pando y Beni bajo sospecha de ser los financiadores e impulsores de la marcha indígena que salió el 8 abril desde Pando y se dirige hacia la ciudad de La Paz en rechazo a la Ley 157 de reconversión de la tierra para que el INRA recalifique de pequeña a mediana propiedad.

Dijo que el presidente Rodrigo Pérez dio una explicación absolutamente lógica y real que el tema es voluntario y que no afecta a territorios indígenas ni áreas protegidas y busca facilitar el acceso al crédito y, sin embargo, persiste el rechazo de sectores indígenas.

En la versión oficial, el conflicto no nace en las comunidades, sino fuera de ellas. Oviedo trasladó el foco hacia actores externos, cuestionando tanto el financiamiento como la narrativa que sostiene la protesta.

Oviedo manifestó que “las ONGs y algunos sectores son los verdaderos afectados y estos son los que van desinformando, apoyados financieramente por intereses alternos y algunas ONGs que están operando básicamente en el departamento de Pando y el Beni. Entonces, Yo quiero decirles, a señores de las ONGs que los estamos empezando a investigar”, indicó este martes en declaraciones a radio Panamericana.

La sospecha oficial también se posa sobre la logística de la marcha. Más allá del reclamo, el Gobierno observa los recursos que la sostienen en el camino. Explicó que en la marcha hay movilidades último modelo, camionetas y vagonetas que pretenden tapar las placas de las mismas para que no sean identificadas en este tipo de actividades, induciendo a generar malestar social para que el país no puede vivir en paz.

Anunció que el gobierno va a insistir con el diálogo ante el accionar de estructuras sindicales que llevan años de años controlando a los sectores productivos del país, sobre todo a pequeños y medianos productores.

“Con esta ley van a perder un control férreo que tienen sobre lo que ellos denominan sus bases, que van a tener acceso a créditos, van a poder producir y no están sujetos a que los convoquen obligatoriamente con multas y con otro tipo de presiones”, indicó.

Oviedo manifestó que la Ley 157 es una ley revolucionaria en el agro porque los pequeños productores tendrán la oportunidad de mejorar la producción y la vida de sus familias y, en consecuencia, generar un impacto económico en la economía del país.