A pocos días de aquel 16 de abril de 2009 en que un grupo élite de la Policía irrumpió en el Hotel Las Américas de Santa Cruz, Marcelo Soza pasó de ser un fiscal más del Ministerio Público paceño a convertirse en una de las figuras con mayor poder dentro del aparato judicial durante el gobierno de Evo Morales.

La “independencia del Ministerio Público” quedó reducida a un discurso decorativo dentro del denominado caso Terrorismo. Bajo la narrativa del supuesto plan “terrorista-separatista”, impulsada desde el entorno político de Álvaro García Linera y ejecutada desde los ministerios de Gobierno de Alfredo Rada y posteriormente Carlos Romero, bajo la influencia de Juan Ramón Quintana, el oficialismo instaló un clima de temor en sectores políticos y empresariales cruceños.

En ese engranaje, Soza fue una pieza clave dentro de una estructura que, según denunciaron varios de los afectados, derivó en una red de persecución y extorsión contra empresarios agroindustriales, exlíderes cívicos y opositores políticos. Algunos abandonaron el país, otros permanecieron años encarcelados y varios terminaron económicamente arruinados tras enfrentar procesos judiciales y presiones permanentes.

Con el paso del tiempo, la red comenzó a desmoronarse. Soza perdió la protección política que había tenido durante el gobierno de Morales y el cerco judicial se fue estrechando hasta que el 11 de marzo de 2014 huyó a Brasil, país donde permanece hasta la actualidad.

Después de haber liderado procesos contra los acusados de separatismo, Soza terminó involucrado directamente en denuncias de extorsión. La familia Matkovic impulsó un proceso penal en su contra que concluyó con una condena en rebeldía a 12 años de prisión por el delito de extorsión, sentencia que continúa pendiente de ejecución debido a su permanencia fuera del país.

Actualmente, Soza mantiene cuentas pendientes con la justicia boliviana y el eventual trámite de extradición desde Brasil podría avanzar debido a que la condena responde a un delito común y no a una causa de persecución política. Sin embargo, persisten cuestionamientos respecto a que, pese a la existencia de otros actores señalados dentro de la presunta red de extorsión —entre políticos, abogados y exfiscales—, Soza sea hasta ahora el único condenado.

El impulso político para activar el pedido de extradición surgió desde el Senado. El senador de Alianza Libre por Santa Cruz, Leonardo Roca, informó que presentó una minuta de comunicación dirigida al Ministerio de Gobierno para iniciar formalmente el proceso. “Estamos pidiendo al ministro de Gobierno que inicie el proceso de extradición del exfiscal Marcelo Soza para que venga y rinda cuentas ante el Estado boliviano”, afirmó.

Roca forma parte de la bancada de Libre, donde también se encuentra el senador Branko Marinkovic, una de las víctimas vivientes de la persecución política y judicial durante el caso Terrorismo. Desde ese bloque sostienen que el pedido de extradición podría convertirse en el inicio de una revisión más amplia sobre las responsabilidades políticas y judiciales de quienes integraron el denominado “gabinete jurídico” del gobierno de Evo Morales.

En ese contexto, Roca afirmó que el caso Las Américas representa “la mayor cicatriz institucional de Santa Cruz”. “Tres personas ejecutadas extrajudicialmente, bolivianos inocentes convertidos en presos políticos durante 11 años, familias forzadas al exilio y vidas destruidas por un montaje del poder. El MAS causó este daño a la historia de Bolivia. Hoy comenzamos a repararlo”, declaró.