El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, sumó este martes un nuevo frente de conflicto político y social luego de que la Central Obrera Boliviana (COB) lo declarara “persona no grata” por sus anuncios sobre el cierre de empresas estatales deficitarias y por la línea económica que impulsa desde el Gobierno.

La resolución del ampliado nacional cobra especial relevancia porque proviene de uno de los históricos aliados del oficialismo y refleja el creciente desgaste de la relación entre el Ejecutivo y las organizaciones sociales.

Espinoza, cuestionado por sectores sindicales por su estilo confrontacional y mediático, se convirtió en blanco de críticas no solo por sus propuestas, sino también por la forma en que comunica la crisis económica.

En filas sindicales lo consideran un “ministro del TikTok”, más dedicado a exhibir viajes, anuncios grandilocuentes y discursos de impacto mediático que a ofrecer soluciones concretas a problemas estructurales como la inflación, la escasez de dólares o la crisis de combustibles.

Sus declaraciones sobre el eventual cierre de empresas públicas en 90 días terminaron activando una reacción inmediata de la COB, que interpretó esas afirmaciones como una señal de ajuste y de orientación “neoliberal”.

La declaratoria de “persona no grata” tiene un fuerte contenido político porque supone la ruptura de la interlocución entre el ministro y la principal organización sindical del país.

La COB no solo exigió que Espinoza se retracte, sino que además ratificó un plan de movilizaciones y dejó en claro que cualquier diálogo futuro deberá canalizarse directamente con la dirigencia obrera.

En los hechos, el Gobierno pierde otro puente político en medio de una coyuntura marcada por protestas, tensiones económicas y cuestionamientos internos.

El episodio también revela la fragilidad del discurso oficial respecto al modelo estatal.

Mientras el Gobierno insiste en defender las empresas públicas como pilares de la economía, uno de sus ministros instala públicamente la posibilidad de cerrar compañías deficitarias, abriendo fisuras dentro del propio bloque oficialista.

La reacción de la COB deja claro que, incluso entre sectores tradicionalmente cercanos al MAS, crece la percepción de que el Ejecutivo ya no tiene control pleno sobre la crisis económica ni sobre el relato político para enfrentarla.