Análisis / Al Punto y Al Fondo

La Paz, 3 de mayo de 2026. A menos de seis meses de la instalación del nuevo gobierno, las amenazas de un estallido social con paro del transporte y bloqueo de caminos -convocados desde el 2 de mayo, aunque todavía sin una paralización total en los hechos- han colocado al presidente Rodrigo Paz frente a su primera gran prueba política, tanto en las calles como en la Asamblea Legislativa.

El detonante del conflicto, o al menos el principal elemento de tensión, es la polémica Ley 1720 de Reconversión Voluntaria de la pequeña a mediana propiedad. La norma no formaba parte de la agenda inicial del presidente Paz y surgió, más bien, desde sectores legislativos vinculados al agro que llegaron al Parlamento bajo la sigla de la alianza Libre y que, aprovechando la fragilidad legislativa del oficialismo, terminaron alineándose circunstancialmente con el Gobierno para impulsar intereses específicos, entre ellos la aprobación de esa ley.

La norma generó malestar en organizaciones sindicales y campesinas, convirtiéndose en un factor de articulación para sectores que hoy cuestionan al Gobierno y que encuentran en la crisis económica y de combustibles un escenario propicio para amplificar el descontento social. A ello se sumó la controversia por la denominada “gasolina basura”, cuyo precio sin subvención estatal no convence a la población frente al sacrificio económico de pagar combustible a valores internacionales.

En paralelo, la situación económica comenzó a deteriorarse con señales cada vez más visibles de desempleo, desaceleración y recesión, factores que terminaron por romper la breve “luna de miel” política que generó la llegada de nuevos rostros al poder, como Rodrigo Paz y Edman Lara, quienes inicialmente despertaron expectativas de renovación.

Sin embargo, la crisis no se limita al frente social. El Gobierno también enfrenta una fractura política interna que se refleja en la Asamblea Legislativa. El principal foco de tensión se encuentra en la relación con el vicepresidente del Estado, quien habría quedado aislado de las decisiones estratégicas y marginado de los espacios reales de poder.

La ruptura con Lara derivó además en divisiones dentro de la bancada oficialista. A esto se suma el comportamiento de legisladores cercanos a Samuel Doria Medina, quienes lograron ocupar espacios de poder dentro de la estructura legislativa y, en algunos casos, influir en ministerios estratégicos mediante la designación de cuadros afines.

En el otro bloque, los legisladores de la alianza Libre —aunque debilitados por el transfugio político— encontraron coincidencias con el sector de Lara y parlamentarios marginados del PDC, conformando una oposición que, si bien no es mayoritaria, sí tiene capacidad de presión y fiscalización sobre el Ejecutivo, situación que ha incrementado el desgaste político de varios ministros.

En medio del conflicto, el Gobierno tampoco muestra una conducción política clara. La estrategia oficial ha sido dispersar a los ministros según sus áreas de competencia para responder a la crisis, sin que exista un operador político visible que centralice el diálogo y la negociación con los sectores movilizados.

A ello se suma la incorporación del nuevo vocero gubernamental, José Luis Gálvez, cuya actuación pública ha sido observada por su debilidad comunicacional y por recurrir, en varias ocasiones, a respuestas políticas generales antes que a explicaciones técnicas o precisas sobre la crisis.

Aunque el paro nacional todavía no alcanzó una paralización total, el conflicto parece ingresar en una fase de escalada. En política y en conflictos sociales, los procesos tienen tiempos de maduración impredecibles y nadie puede anticipar con claridad hasta dónde llegará la tensión.

Lo que sí parece evidente es que varios sectores afiliados a la COB han endurecido su discurso y ven en la presión callejera una vía para debilitar al Gobierno de Rodrigo Paz, en un escenario donde el Ejecutivo enfrenta simultáneamente desgaste económico, fracturas políticas y una creciente pérdida de respaldo social.

Por ahora, el desenlace sigue abierto. Todo dependerá de la capacidad del Gobierno para recuperar iniciativa política, reconstruir puentes de diálogo y contener una conflictividad que recién comienza a tomar forma.