Durante casi dos meses, Bolivia estuvo bajo el yugo de una retórica radical que prometió dinamitar las estructuras del Estado. En lo alto de las tarimas y con el micrófono en la mano, el senador Nilton Condori y el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, ejercieron el rol de portavoces implacables del conflicto.

Se mostraban invencibles, insustituibles y con el poder absoluto para decidir el destino económico e institucional del país.

Hoy, disipado el humo de los 53 días de bloqueo que paralizaron a la nación entre mayo y junio, la soberbia política ha chocado de frente con la ley: la Fiscalía General admitió la denuncia penal en su contra por terrorismo, instigación pública a delinquir y delitos contra la seguridad del transporte.

La génesis del extremismo

El libreto del conflicto no fue fortuito; fue fríamente calculado.

El 11 de abril, Nilton Condori fungió como el gran promotor de aquel polémico cabildo donde proclamó el inicio de una supuesta «tercera revolución».

Bajo la consigna ideológica de acabar con lo que calificaba como una «élite ociosa», su propuesta no planteaba el debate democrático, sino la asfixia institucional: cerrar el Parlamento y exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

A esta estrategia insurreccional se sumó rápidamente Mario Argollo desde la dirigencia cobista, unificando la protesta sindical con el sabotaje político.

Sin embargo, el discurso de Condori rebasó peligrosamente los límites de la libertad de expresión.

Hoy son la «mecha mojada»

Durante las semanas de mayor tensión, Condori y Argollo asumieron la postura del gallito parador: nadie podía contradecirlos, descalificaban cualquier intento de diálogo y administraban el libre tránsito del país a su antojo.

El pueblo paceño y boliviano quedó rehén de un cerco que asfixió la economía en un momento de severa crisis.

No obstante, aquellos líderes que hasta hace poco se sentían en fase de franca expansión política, hoy terminaron con la «mecha mojada». El pánico escénico ha reemplazado a la bravuconada de carretera ante la determinación del Gobierno de aplicar la ley sin contemplaciones.

En el caso del senador Condori, sale a relucir una distinción jurídica fundamental que suele confundir a los operadores del conflicto: la inmunidad parlamentaria protege sus opiniones y su fiscalización, pero no le otorga patente de corso para cometer delitos comunes ni para articular actos de terrorismo e instigación al delito.

Mario Argollo, aún tiene una salida política: invocar el compromiso del presidente Rodrigo Paz de no perseguir ni ejecutar procesos penales contra dirigentes. Pero el que denunció es un diputado opositor, aunque funcional al gobierno.   

La hora de rendir cuentas

La admisión de la denuncia —presentada por el diputado Edgar Zegarra y confirmada por el jurista William Sánchez— no solo alcanza a Condori y Argollo, sino a un entramado que incluye al dirigente del evismo Feliciano Vegamonte y al líder de la Federación Túpac Katari, Vicente Salazar.

El sorteo del investigador y la emisión de las primeras notificaciones marcan el punto de quiebre de este episodio.

Como bien señaló la acusación, la sociedad no puede permanecer secuestrada ni maniatada por dirigentes que apuestan al caos mientras las familias intentan trabajar para superar la crisis.

La transición de la tarima al estrado judicial recuerda una lección básica de la democracia: la imposición por la fuerza tiene un límite, y ese límite empieza donde la Fiscalía comienza a redactar las citaciones.

ANÁLISIS: Al Punto y Al Fondo

• Al Punto: Frente al caos y la asfixia de los 53 días, el Estado activa el imperio de la ley procesando por terrorismo e instigación a delinquir a los radicales Nilton Condori y Mario Argollo.
• Al Fondo: La decisión no es casual, se busca sentar un precedente aleccionador, enviando la clara señal de que el sabotaje económico y el atentado contra la democracia ya no gozan de impunidad.