ANÁLISIS DE AL PUNTO Y AL FONDO

La detención domiciliaria de Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, vuelve a poner bajo la lupa un problema recurrente de la justicia boliviana: investigaciones que comienzan con aprehensiones de alto impacto, pero que no avanzan al mismo ritmo durante la detención preventiva y terminan chocando contra el reloj procesal.

Arce Mosqueira dejará Palmasola después de que la Justicia sustituyera su detención preventiva por arresto domiciliario, dentro del proceso por presunta legitimación de ganancias ilícitas. La medida contempla una fianza de Bs 200.000, permanencia en su domicilio las 24 horas y otras restricciones, mientras la investigación continúa.

El caso expone una situación que se repite en procesos de corrupción y narcotráfico: el detenido permanece meses en prisión preventiva, mientras la Fiscalía debe aprovechar ese periodo para acumular indicios, realizar peritajes, tomar declaraciones, obtener información financiera y completar los actos investigativos que permitan sustentar una acusación.

Sin embargo, cuando ese trabajo no avanza con la misma velocidad que corre el plazo cautelar, el tiempo termina convirtiéndose en el principal aliado de la defensa. El imputado puede esperar el cumplimiento del periodo fijado por el juez y, una vez vencido, solicitar la cesación de la detención preventiva y su sustitución por medidas menos gravosas, como la domiciliaria, el arraigo o una fianza.

El reloj procesal

La detención preventiva no es una condena. Es una medida cautelar excepcional y temporal. Por eso, el deber del Ministerio Público durante ese periodo no termina con conseguir el encarcelamiento del investigado.

La obligación fiscal es investigar, acumular elementos de convicción, ampliar las pesquisas cuando corresponda, formular la imputación, presentar la acusación y llevar el caso a juicio dentro de los plazos establecidos por la normativa procesal.

El problema aparece cuando la investigación queda rezagada y el expediente llega a la audiencia de control de plazos sin que exista una acusación suficientemente consolidada.

En esas circunstancias, el imputado puede tener incentivos para esperar el vencimiento de la detención preventiva antes que colaborar con una investigación que podría llevarlo a juicio, porque el cumplimiento del plazo abre la posibilidad de solicitar una medida sustitutiva.

Marcelo Arce vuelve a poner el problema en evidencia

El hijo del expresidente Luis Arce permanecía detenido desde marzo y había sido enviado preventivamente a Palmasola por el proceso de legitimación de ganancias ilícitas. Cumplido el plazo fijado judicialmente, su defensa acudió al control de plazos y consiguió la sustitución de la medida.

La decisión no significa que haya sido declarado inocente ni que la investigación haya terminado. El proceso continúa, pero el investigado ya no enfrenta la causa desde una celda.

Marset y el caso Maletas

El mismo debate aparece en investigaciones relacionadas con la estructura de Sebastián Marset y en el denominado caso Maletas, donde varios investigados fueron sometidos a detención preventiva mientras avanzaban las pesquisas.

En estos procesos, las medidas cautelares también se convierten en una carrera contra el tiempo: si la Fiscalía no logra transformar los indicios iniciales en elementos suficientes para sostener una acusación, las defensas tienen la posibilidad de reclamar el vencimiento de los plazos y solicitar medidas sustitutivas.

El resultado es una paradoja: la prisión preventiva puede producir un fuerte impacto mediático al inicio del caso, pero meses después el investigado puede recuperar su libertad sin que exista todavía una sentencia.

El desafío para el Ministerio Público está, precisamente, en que la detención preventiva no se convierta en el punto culminante de una investigación, sino en el periodo durante el cual se construye el caso penal.

Porque el objetivo de la Fiscalía no debería ser solamente detener, sino investigar, acusar y llevar a juicio. Y son todavía pocos los procesos de alto impacto que consiguen recorrer esas etapas dentro de los tiempos que establece la normativa procesal.