Categoria: Política
Publicado 20 de octubre de 2026

Samuel Doria Medina no suelta al Gobierno de Rodrigo Paz. Parece no perdonarle que, después de haber sido uno de sus primeros aliados electorales, terminara convertido en un invitado de piedra dentro de una administración donde sus opiniones no tenían el eco ni la incidencia que esperaba.

El empresario apostó por un proyecto político que ayudó a llevar al poder, pero acabó saliendo del oficialismo y llevándose a su bancada de diputados leales de Unidad Nacional. Desde su ruptura, formalizada el 27 de julio, pasó de aliado a uno de los críticos más incómodos del presidente.

Samuel parece respirar por la herida. Cada vez que puede, aparece en programas televisivos de alto rating para cuestionar al Gobierno, exponer sus diferencias y dejar a los voceros oficialistas a la defensiva. Su poder económico y mediático le permite instalar sus críticas, aunque sus declaraciones no siempre vayan acompañadas de pruebas públicas.

Esta vez volvió a golpear con denuncias de corrupción y narcotráfico. Aseguró que el cobro por cada vuelo de narcoavionetas en el oriente boliviano habría subido de 50.000 a 80.000 dólares y afirmó que informó personalmente al presidente sobre esas presuntas irregularidades.

“Le dije al presidente Paz, con nombres y con claridad, los temas que hemos investigado. Ya nosotros no somos los que tenemos que investigar”, declaró.

La acusación plantea una pregunta directa: si Paz recibió información concreta, ¿qué hizo para promover una investigación? Sin embargo, la existencia de esos cobros y la eventual participación de funcionarios deben demostrarse con pruebas.

Doria Medina también cuestionó al Gobierno por los casos de las 32 maletas ingresadas por Viru Viru, los 189 kilos de oro decomisados, las denuncias sobre combustible de mala calidad y las narcomaderas. Además, criticó la concentración de decisiones en un reducido círculo de poder.

“Ahora el Ejecutivo está en pocas manos, bajo control de un grupo palaciego que no quiere abrirse”, afirmó.

La contradicción política es evidente: Samuel ayudó a Paz a llegar al poder y ahora denuncia los problemas de una administración de la que terminó apartado. Su ruptura puede responder a desacuerdos reales, pero también deja abierta la pregunta de si busca deslindar responsabilidades por un proyecto que contribuyó a construir.

Su malestar ayuda a explicar por qué no perdona al Gobierno y aprovecha cada oportunidad para golpearlo. Pero el conflicto entre antiguos aliados no puede reemplazar lo esencial: Samuel debe respaldar sus denuncias y Paz responder con hechos. La corrupción y el narcotráfico no se esclarecen con entrevistas, sino con investigaciones y pruebas.

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