El rechazo de los mineros asalariados al anteproyecto del nuevo Código Minero vuelve a poner sobre la mesa el contraste entre dos realidades de la actividad minera: un sector que históricamente ha dependido de las inversiones, créditos y recursos del Estado, y otro que debe procurarse capital, organizar su producción y generar sus propios medios de subsistencia.
Los asalariados de la minería estatal, agrupados en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), declararon estado de emergencia contra el anteproyecto, al que califican de «entreguista, protransnacional y favorable a la minería cooperativista aurífera». Cuestionan que la propuesta permita a las cooperativas suscribir contratos con privados y empresas extranjeras, sin que exista —según denuncian— participación ni consenso de todos los actores mineros reconocidos por la Constitución.
Sin embargo, detrás de esta controversia también está la diferencia entre dos modelos económicos. Los trabajadores de las empresas mineras estatales han contado durante años con inversiones públicas, créditos respaldados por el Estado y recursos financiados por todos los bolivianos. Particularmente durante más de una década de gobiernos del MAS, la minería estatal recibió importantes inyecciones de recursos públicos, mientras sus trabajadores conservaron salarios mensuales elevados y beneficios de jubilación que difícilmente se encuentran en otros sectores laborales vinculados al aparato estatal.
En cambio, los cooperativistas auríferos deben buscar sus propias inversiones, conseguir recursos para operar y autogestionar sus actividades productivas. No cuentan con la misma estructura de financiamiento público ni con la garantía de un salario estatal mensual. Su subsistencia depende directamente de su capacidad de trabajo y producción.
Esta diferencia no significa que la actividad cooperativa esté exenta de controles, obligaciones tributarias, responsabilidades ambientales o fiscalización. De hecho, los asalariados también exigen combatir la minería ilegal y el comercio clandestino de minerales, además de aplicar las leyes contra el robo de minerales y los avasallamientos de áreas mineras.
El dirigente de la FSTMB, Andrés Paye, sostuvo que el anteproyecto favorece a un sector que, en su criterio, no realiza los aportes correspondientes y cuestionó que la propuesta no haya sido trabajada con los actores reconocidos por la Constitución.
Los asalariados también rechazaron una eventual reestructuración de la seguridad social de corto plazo y anunciaron que llevarán sus conclusiones a la Central Obrera Boliviana (COB).
Así, el debate del Código Minero no solo enfrenta posiciones sobre contratos y concesiones: también expone la disputa entre un modelo históricamente sostenido con recursos públicos y otro que depende de la inversión y la autogestión de sus propios trabajadores.