La justicia estadounidense concluyó que Dávila no solo facilitó estas operaciones, sino que también buscaba beneficiarse económicamente de ellas.

La propia defensa legal de Marset había admitido públicamente que el narcotraficante evaluaba entregarse, siempre que se garantizara la protección de su familia.

Marset dejó Bolivia y su eventual condena en tribunales bolivianos difícilmente tendría efectos prácticos. En ese escenario, cualquier sentencia podría terminar siendo más simbólica que efectiva.

El uruguayo Sebastían Marset no solo administraba negocios ilícitos: parecía verse a sí mismo como parte de ese panteón de capos que marcaron época.

Junto al exgobernador César Cocarico y el exsecretario departamental de Infraestructura y Obras Públicas Eduardo Pastén Gironda, debe responder Bs 42.358.401.

Revilla, actualmente candidato del oficialismo a la Gobernación de La Paz, evita así —al menos por ahora— enfrentar una resolución judicial en plena campaña electoral.

Visiblemente afectada en su condición de madre, la exdirectora de la AJAM, Brenda Lafuente, pidió una condena de seis años de prisión contra el padre de su hijo, el expresidente Luis Arce Catacora. El delito que denuncia es abandono de menor. No es el primer frente judicial que Lafuente abre contra el exmandatario —actualmente con detención preventiva en la cárcel de Cárcel de San Pedro— sino un episodio más en una disputa que ya ha pasado por varias etapas: primero la negativa de Arce a reconocer la paternidad biológica, luego el conflicto por la asistencia familiar y ahora la denuncia por abandono. “Que se haga justicia, que caiga todo el peso de la ley sobre el señor Arce Catacora, independientemente de los procesos que tiene ahora. Todos sabemos que está recluido, pero a pesar de que él está recluido, yo voy a seguir con mis procesos, porque voy a pedir justicia por mi hijo”, declaró Lafuente al presentar la denuncia en Sucre. Según su versión, su hijo —de un año de edad— habría estado en riesgo en dos ocasiones debido al abandono paterno. “Aquí tengo pruebas: mi historial clínico, informes médicos y capturas de pantalla que muestran que mi hijo casi pierde la vida dos veces”, aseguró. La exfuncionaria ya había iniciado anteriormente procesos contra Arce por asistencia familiar y abandono de mujer embarazada. En esta ocasión decidió presentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado en Sucre, argumentando que la Fiscalía de Cochabamba estaría protegiendo al exmandatario. Sin embargo, más allá del reclamo de justicia, la estrategia jurídica abre interrogantes. Al radicar la denuncia en Sucre, Lafuente deberá sostener un proceso que probablemente termine trasladándose a La Paz, donde se encuentra detenido Arce. Esto implicaría mayores costos y complicaciones procesales para la propia denunciante. Además, surge un obstáculo práctico: el expresidente se encuentra recluido, lo que dificulta cualquier traslado para responder una demanda en otra jurisdicción. Desde el punto de vista procesal, lo más probable es que la justicia analice el caso bajo el principio de jurisdicción territorial. Si se aplica estrictamente ese criterio, la denuncia podría ser observada o rechazada inicialmente para que sea presentada en la ciudad correspondiente. Por ahora, el caso queda en manos de la justicia, que deberá definir si admite la denuncia o si exige a la demandante corregir la vía procesal elegida. Mientras tanto, el conflicto personal entre Lafuente y el expresidente Arce sigue trasladándose a los tribunales.

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, entregó oficialmente la propuesta de Reglamento de la Ley N° 1680 a la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización, Jessica Echeverría, consolidando más de seis años de trabajo técnico y articulación con organizaciones de la sociedad civil. La Ley N° 1680, promulgada en noviembre de 2025, establece un marco de protección y reparación para hijas e hijos huérfanos víctimas de feminicidio y otros delitos contra la vida. La propuesta reglamentaria busca garantizar su aplicación efectiva, asegurando recursos sostenibles para el bono y el paquete alimentario, en cumplimiento del principio de prioridad absoluta previsto en la Constitución. El documento también plantea la creación de equipos multidisciplinarios departamentales —con profesionales en psicología y trabajo social— para brindar acompañamiento psicosocial, seguimiento y atención especializada. Desde 2019, la Defensoría del Pueblo impulsó este proceso normativo, que incluyó la elaboración de un anteproyecto de ley y la promoción de normativa municipal. Como resultado, se aprobaron 42 leyes municipales y 9 reglamentos en distintos gobiernos autónomos del país.

El Consejo de la Magistratura respaldó la presentación de un proyecto normativo en materia agroambiental impulsado por el Tribunal Agroambiental, en coordinación con el senador por Chuquisaca, Daniel Ortiz. Durante el acto, el decano del Consejo, Manuel Baptista Espinoza, afirmó que la propuesta busca fortalecer la seguridad jurídica en el ámbito agroambiental y establecer reglas más claras en una jurisdicción clave para la protección de los recursos naturales y el desarrollo sostenible. Baptista señaló que la iniciativa marca el inicio de la gestión de las nuevas autoridades del Tribunal Agroambiental y consideró que este tipo de acciones deberían replicarse en otras instancias del sistema judicial para avanzar en la actualización normativa. En la misma línea, anunció que el Consejo de la Magistratura prepara un proyecto de reforma al régimen disciplinario del Órgano Judicial. Según explicó, la propuesta apunta a mejorar la transparencia y la celeridad en los procesos disciplinarios, además de equilibrar las garantías para jueces procesados y denunciantes. El planteamiento será presentado ante la Asamblea Legislativa Plurinacional con el objetivo de modificar la Ley N.º 025 del Órgano Judicial en lo referido al régimen disciplinario. Las autoridades coincidieron en que la coordinación entre instituciones será clave para concretar los cambios planteados.