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Jurídica

Tres mujeres fueron detenidas en Bolivia por vínculo con Marset: cuidaban una de sus casas

Tres mujeres fueron detenidas en Bolivia y acusadas de vínculos con la organización del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Según consignó el medio local El Deber, se hallaron elementos que señalan que las indagadas estaban a cargo del cuidado de una de las casas que utilizaba el narcotraficante en Santa Cruz e incluso vivían en ella. Los fiscales Ismael Palenque y José Luis Porras informaron que continúan los operativos activados por el delito de tráfico de sustancias controladas tras la captura de Marset, el pasado 13 de marzo. Por eso las autoridades bolivianas lograron dar con estas tres mujeres. Palenque explicó que una de las tres aprehendidas era encargada del cuidado y, aún más, habitaba la casa quinta en la zona de Villa Bonita, según consignó el citado medio. Se trata de una ciudadana brasileña, quien se encargaba de cuidar la casa en la cual se hallaron municiones, armas y sustancias. “Con los actos investigativos se ha logrado identificar a personas que estarían vinculadas a la organización criminal de Marset, ya se tiene aprehendidas a tres personas”, dijo. Las tres se encuentran a la espera de ser puestas ante una autoridad judicial. Así, Porras adelantó que pidió la prisión preventiva para las tres por 180 días. Serán imputadas por los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa, confabulación y tráfico ilícito de armas. Tomado de Historia de Montevideo Portal

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Defensor del Pueblo exige investigación y acciones firmes contra el crimen organizado

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, expresó su profunda consternación por el asesinato del magistrado decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure Hinojoza, ocurrido en Santa Cruz de la Sierra, y demandó una investigación exhaustiva que permita identificar y sancionar a los responsables. La autoridad advirtió que este crimen no puede quedar en la impunidad y remarcó la necesidad de que el Estado actúe con firmeza frente a las estructuras del crimen organizado. A través de sus cuentas oficiales, Callisaya sostuvo que el hecho refleja la gravedad de la violencia que golpea al país y exhortó a las instituciones encargadas de la investigación y seguridad a actuar con celeridad y transparencia. “Este hecho de extrema violencia no puede quedar en la impunidad”, señaló la autoridad defensorial, al exigir además el respeto al debido proceso durante las pesquisas. El Defensor del Pueblo recordó que la protección de la vida y la seguridad ciudadana constituyen obligaciones fundamentales del Estado, por lo que pidió respuestas inmediatas para devolver certidumbre a la población. En ese marco, insistió en la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales para enfrentar a organizaciones criminales que amenazan la convivencia pacífica y generan zozobra en el país. La Defensoría del Pueblo reiteró su preocupación por el incremento de hechos de violencia extrema y subrayó que la lucha contra el crimen organizado requiere acciones coordinadas, prevención y una política de seguridad más contundente. La institución remarcó que el asesinato de una alta autoridad judicial debe marcar un punto de inflexión para reforzar las acciones estatales contra las redes delictivas.

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