Una llamada al más alto tribunal de justicia, cambió todo. En política, los archivos judiciales suelen tener una extraña capacidad de doblegar voluntades.

Doria Medina, por aparentar una imagen de inclusión indígena y cercanía con las raíces alteñas en la campaña 2025, terminó incorporando a un “Caballo de Troya” aimara.

La Sala concluyó que se intentó activar simultáneamente la vía constitucional y la vía municipal, vulnerando el principio de subsidiariedad.

Videos difundidos por vecinos muestran a personas retirando sillas, muebles y destruyendo puertas de acceso de instituciones estatales.

Aunque no eliminó el conflicto, sí consiguió reducir considerablemente la capacidad de movilización del bloque sindical

El Gobierno fue elegido para desmontar el modelo masista, pero hasta ahora no ha logrado aplicar medidas estructurales ni consolidar autoridad política.

Menos de un día después, la Federación de Cooperativas Mineras de La Paz se desmarcó de Fencomin y lanzó un ultimátum de 24 horas al Gobierno para instalar una nueva mesa de diálogo departamental.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, minimizó este viernes el alcance real de las movilizaciones y bloqueos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz y afirmó que los grupos más radicalizados no representan ni al uno por ciento de la población boliviana. “Los grupos activos ahorita no llegan ni a 30.000 personas, eso es el 0,25% de la población boliviana”, sostuvo la autoridad en el programa La Tarde en Directo de la red Erbol, al cuestionar que pequeños sectores sindicales y políticos pretendan paralizar el país e imponer una agenda de confrontación mediante bloqueos, marchas y presión callejera. Lupo sostuvo que detrás de las medidas de presión existe una estrategia “antidemocrática” y “desestabilizadora” impulsada por sectores vinculados al evismo y dirigentes sindicales radicalizados que buscan forzar una salida política fuera de los mecanismos constitucionales. “El pueblo votó por Rodrigo Paz para que sea presidente, para que solucione la crisis”, afirmó el ministro, quien remarcó que las demandas de renuncia presidencial son “sediciosas” e “ilegales”. La autoridad también observó que mientras miles de ciudadanos intentan continuar con sus actividades económicas, trabajar o trasladarse entre regiones, grupos reducidos mantienen bloqueos que afectan el abastecimiento, la circulación y la estabilidad social. Lupo aseguró que el Ejecutivo mantendrá abiertos los canales de diálogo con sectores que presenten demandas legítimas, pero descartó cualquier negociación sobre pedidos de dimisión presidencial o medidas que vulneren el orden constitucional.

La escalada de violencia en los bloqueos instalados en la ciudad de El Alto volvió a encender alarmas este viernes luego de que el diputado Roger Labardens, de la bancada Alianza Unidad, terminara internado en una clínica tras sufrir una brutal agresión física cuando intentaba llegar al aeropuerto internacional. El legislador, según denunció su familia, fue perseguido y golpeado por manifestantes en un punto de bloqueo, recibiendo patadas en la cabeza y el cuello hasta quedar gravemente herido. El hecho refleja el endurecimiento de métodos de presión que, lejos de limitarse a la protesta social, comienzan a derivar en acciones de intimidación y violencia contra quienes son considerados adversarios o simplemente intentan circular libremente. De acuerdo con el reporte médico y la denuncia presentada por sus familiares, Labardens sufrió un coágulo y un hematoma en la cabeza que requieren una cirugía urgente. Su hijo, Álvaro Labardens, relató que el diputado descendió del taxi para evitar confrontaciones y caminó intentando alejarse del grupo movilizado, pero fue alcanzado y golpeado violentamente. La agresión ocurrió en medio del clima de tensión generado por los bloqueos impulsados por sectores sindicales y afines al evismo, que durante las últimas semanas radicalizaron sus medidas en distintos puntos del país, especialmente en El Alto y carreteras del occidente. Mientras la familia del legislador analiza si será trasladado a Santa Cruz para su operación, crece la exigencia para identificar y procesar a los responsables de una agresión que vuelve a desnudar el rostro más violento de los sectores radicalizados que sostienen las movilizaciones.

La resolución, además, obliga al Estado a actuar para restablecer el tránsito y habilita procesos individuales a los responsables que mantengan cierres prolongados y violentos.