La apuesta política de Samuel Doria Medina por mostrar una imagen de apertura e inclusión con un “rostro aimara y alteño” dentro de su alianza terminó convirtiéndose en un severo problema político.

El senador disidente Nilton Condori, presentado en su momento como símbolo de renovación y cercanía con los sectores populares, hoy enfrenta una orden de aprehensión en medio de acusaciones por presuntos delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo e instigación pública a delinquir.

Condori es profesor de Biología y Geografía, es natural de la comunidad Toja Cachi, de la Central Agraria Kalaque de la provincia Omasuyos de La Paz.

Lo que para Doria Medina pretendía ser una demostración de amplitud democrática acabó transformándose en un verdadero “presente griego” para la institucionalidad y para su propio proyecto político.

Condori no solo se convirtió en una figura incómoda dentro del Legislativo, sino que construyó un discurso confrontacional contra el propio sistema democrático al que llegó bajo el paraguas de “Alianza Unidad”.

Desde su curul impulsó una agresiva campaña de deslegitimación contra la Asamblea Legislativa, pidió incluso el cierre del Parlamento y arremetió contra sus propios colegas a quienes calificó de “flojos” y parte de una “élite ociosa”.

También exigió eliminar la renta vitalicia de los expresidentes y promovió una narrativa de confrontación social que terminó alineándose con sectores radicales vinculados a Evo Morales y las movilizaciones de presión callejera.

El Ministerio de Gobierno decidió llevar el conflicto a la vía penal y presentó una denuncia contra Condori, el dirigente de la COB Mario Argollo y otros líderes de las protestas, acusándolos además de asociación delictuosa y atentados contra la seguridad de los servicios públicos y del transporte.

El caso, registrado bajo el número 201102012603341, marca una escalada en la ofensiva judicial contra quienes son señalados de promover acciones destinadas a desestabilizar el orden constitucional mediante bloqueos y llamados a la rebelión popular.

La Fiscalía considera que existen indicios suficientes para activar mandamientos de aprehensión y profundizar la investigación.

La situación deja a Samuel Doria Medina atrapado en una contradicción política difícil de explicar. En su intento de construir una imagen de inclusión indígena y cercanía con las raíces alteñas y aimaras, terminó incorporando a un actor que hoy es señalado de alentar la subversión y la ruptura institucional.

Aunque el empresario decidió apartarlo públicamente de su alianza, evitó promover su pérdida de curul mediante mecanismos internos partidarios, lo que para sus críticos demuestra una actitud calculadora y ambigua.

El “caballo de Troya” que ingresó al Legislativo bajo el discurso de la renovación democrática hoy amenaza con convertirse en uno de los episodios más incómodos para la narrativa política de Doria Medina.