ANÁLISIS – AL Punto y Al Fondo

El escenario de conflictividad social y política que atravesaba el país comenzó a mostrar un giro significativo en las últimas horas. Lo que inicialmente apareció como una movilización amplia y articulada por la Central Obrera Boliviana (COB), con demandas sectoriales y económicas, terminó transformándose en un conflicto con un contenido predominantemente político, centrado ahora en la presión por la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira.

El Gobierno logró aplicar una estrategia de desgaste y fragmentación que, aunque no eliminó el conflicto, sí consiguió reducir considerablemente la capacidad de movilización del bloque sindical y social que inicialmente acompañaba las protestas. A través de negociaciones bilaterales y acuerdos específicos, el Ejecutivo consiguió desactivar o neutralizar a sectores clave como el transporte urbano, el transporte pesado, el magisterio urbano y rural, cooperativistas mineros y algunas organizaciones regionales obreras y sociales.

Ese movimiento dejó a la COB en una posición debilitada y sin la capacidad de sostener una presión nacional coordinada. La dirigencia sindical perdió protagonismo público y comenzó a evidenciar fracturas internas, mientras algunos de sus principales representantes desaparecieron del escenario mediático. La protesta dejó de proyectarse como una demanda multisectorial y comenzó a concentrarse en sectores campesinos, organizaciones afines al evismo y estructuras sindicales radicalizadas.

En ese contexto, el núcleo más activo del conflicto pasó a estar encabezado por las Seis Federaciones del Trópico y organizaciones alineadas políticamente con Evo Morales. La llegada de la denominada “Marcha por la Vida” a las puertas de La Paz terminó por confirmar que el objetivo principal ya no era únicamente la atención a un pliego social, sino la búsqueda de una presión política directa contra el Gobierno y el reposicionamiento del exmandatario dentro del escenario nacional.

El fracaso de la convocatoria gubernamental a organizaciones como las Bartolinas, Tupac Katari y algunas Fejuves alteñas reflejó además que el oficialismo no logró recomponer puentes con sectores campesinos e indígenas que mantienen afinidad con el evismo. Sin embargo, pese a esa resistencia, el repliegue de otros sectores sociales generó una ventaja táctica importante para el Ejecutivo.

La primera ventaja es el aislamiento político de la movilización. Sin huelgas masivas ni paralización general de actividades, el Gobierno intenta instalar ante la opinión pública la idea de que el conflicto dejó de ser una protesta social nacional para convertirse en una ofensiva política impulsada por un solo liderazgo.

La segunda ventaja es el margen diplomático internacional que ganó el presidente Rodrigo Paz. El alejamiento de sectores urbanos y sindicales moderados permitió al Ejecutivo consolidar un discurso de defensa de la institucionalidad y el orden democrático frente a lo que califica como intentos de desestabilización. En ese contexto se interpreta también el respaldo expresado por Estados Unidos en las últimas horas.

No obstante, el conflicto está lejos de cerrarse. Los bloqueos continúan en varios puntos estratégicos, especialmente en El Alto y algunas rutas del eje troncal, mientras sectores campesinos afines a Evo Morales mantienen la amenaza de radicalizar las medidas de presión. Para los próximos días se prevé que grupos movilizados intenten cercar nuevamente los accesos al centro político paceño y tensionar el cordón de seguridad instalado alrededor de Plaza Murillo.

La lógica de desgaste parece ser ahora el principal instrumento de presión del evismo. El objetivo es sostener bloqueos, impedir la normalidad institucional y generar un escenario permanente de tensión política que obligue al Gobierno a administrar la crisis día tras día.

En ese marco, varios analistas consideran que el Ejecutivo obtuvo una victoria táctica, pero no una solución estructural. Rodrigo Paz logró desactivar parcialmente el frente sindical y reducir el alcance nacional de las protestas, pero el costo político de esa operación podría ser elevado.

El Gobierno aparece hoy con mayor capacidad de control inmediato de la crisis, aunque también con un desgaste acumulado y con dificultades futuras para impulsar reformas económicas o constitucionales en un escenario marcado por la polarización y la presión constante de sectores radicales.

La actual coyuntura muestra así una especie de “paz armada”: una disminución temporal de la conflictividad general, conseguida mediante acuerdos sectoriales y fragmentación del bloque movilizado, pero sin resolver las tensiones políticas de fondo que continúan alimentando la confrontación entre el Gobierno y