ANÁLISIS: Al Punto y Al Fondo
La ejecución sistemática de nueve personas en apenas cinco días -que abarca desde ejecuciones en San Matías hasta el asesinato de un jefe de unidad policial cerca de una pista clandestina, decapitados en Yapacaní y sicariato a plena luz del día en la capital- marca un punto de no retorno. Santa Cruz no enfrenta una simple racha de delincuencia común; vive el despliegue territorial directo de estructuras criminales ligadas al narcotráfico y al sicariato transnacional.
La naturaleza de los hechos recientes evidencia una mutación del fenómeno criminal en Bolivia:
- Pérdida de disuasión estatal: El asesinato de un oficial de policía y el hallazgo de cuerpos decapitados imitan la estrategia de terror empleada por carteles mexicanos y facciones brasileñas (PCC y Comando Vermelho). El objetivo ya no es solo esconder la operación, sino enviar un mensaje de control territorial al Estado y a facciones rivales.
- Geografía del control mafioso: Los puntos del conflicto -San Matías, San Ignacio de Velasco, Yapacaní y la capital cruceña- confirman que las rutas de acopio, salida de droga y lavado están militarizadas por el crimen.
- El rebase policial: El despliegue extraordinario de contingentes y la entrada del Regimiento de Infantería 14 «Florida» del Ejército a realizar patrullajes urbanos es la admisión implícita de que la Policía Boliviana ha sido rebasada en capacidad de fuego, logística y cobertura en zonas de frontera.
Qué hacer con las fuerzas del orden: Tres medidas urgentes
Frente al cerco mafioso, la respuesta militar disuasiva en calles es un parche temporal. La contención real exige decisiones estructurales:
- Inteligencia y purga institucional antes que militarización: Mandar tropas al campo combate el síntoma, no la causa. La prioridad debe ser la depuración interna de los mandos policiales e institucionales que otorgan cobertura logística, identidades falsas y protección a capos como Marset o cabecillas del PCC.
- Coordinación multinacional operativa (Policía Federal y DEA): Las facciones criminales que actúan en la frontera operan a escala transnacional. Bolivia no puede combatir inteligencia de cartel con métodos de policía local. Es imperativo institucionalizar la cooperación operativa directa, el rastreo financiero conjunto y el intercambio de inteligencia en tiempo real con la Policía Federal de Brasil y agencias multilaterales de lucha contra el narcotráfico.
- Mando unificado de frontera: Establecer una fuerza de tarea conjunta permanencia (Policía-FFAA-Fiscalía) en los municipios fronterizos críticos, con presupuesto propio, equipamiento táctico de alta gama y rotación constante de personal para blindar la zona contra el arraigo del narco.
Santa Cruz no puede convertirse en el patio trasero de los carteles brasileños o continentales. Si el Estado no impone la fuerza de la ley con inteligencia, transparencia y cooperación internacional, la «ruta roja» terminará por consolidarse como la norma de control institucional en la región.
