La controversia por los predios ocupados por la Policía Montada UPAR “Delta” en Santa Cruz volvió a escalar luego de que una jueza penal emitiera una tercera orden de desapoderamiento en favor de Teresa Triviño Bazán y que nuevamente fue incumplido por el Comando Departamental de Santa Cruz.

Mientras sectores policiales expresan indignación y denuncian un supuesto intento de desalojo de instalaciones históricas, la parte demandante sostiene que la institución intenta presentarse como víctima pese a que el proceso judicial se originó por una ocupación observada y por documentación cuya validez fue cuestionada durante el litigio.

La orden judicial fue emitida el 22 de abril por la jueza de Sentencia Penal Anticorrupción Tercero de Santa Cruz, Gabriela Cuéllar Velasco, dentro de un proceso que, según la parte denunciante, ya cuenta con resoluciones ejecutoriadas y calidad de cosa juzgada.

El mandamiento establece el desapoderamiento del inmueble ubicado en la zona norte de Santa Cruz, con una superficie de 49.049,53 metros cuadrados, y dispone su ejecución con apoyo de la propia Policía Boliviana.

Según el abogado Ramiro Aguilera, representante de la parte beneficiaria, el conflicto arrastra cerca de 25 años de litigio y deriva de un proceso penal por despojo en el que se dictó sentencia condenatoria contra Félix José Moreno Antelo, identificado dentro del proceso como uno de los involucrados en la ocupación del predio.

Asimismo, sostuvo que durante el juicio se cuestionó la documentación utilizada para respaldar la ocupación y afirmó que informes del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) habrían observado esos antecedentes.

Mientras tanto, policías activos, jubilados y familiares de uniformados comenzaron a expresar rechazo a un posible desalojo, argumentando que las instalaciones son utilizadas desde hace más de tres décadas para actividades deportivas y de entrenamiento institucional.

Sin embargo, la parte demandante sostiene que la permanencia prolongada en un inmueble no constituye por sí misma un derecho propietario y que el tiempo transcurrido no reemplaza la validez de títulos legales ni de resoluciones judiciales.

La expectativa ahora está puesta en el cumplimiento efectivo de la nueva orden judicial, luego de que anteriores mandamientos no fueran ejecutados.

La parte beneficiaria espera que el Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana den cumplimiento a la disposición emitida por la justicia y pongan fin a un proceso que, según afirman, mantiene a una adulta mayor en litigio desde hace más de dos décadas.